Chile: Balance de las AFP

Editorial – El Mercurio

En estos días, la reforma de 1980 cumple 25 años de aplicación, y si bien enfrenta algunas críticas internas, muchos detractores de 1980 reconocen hoy que esta innovación fue inteligente y oportuna, y es posible que, en pocos años más, muchas de las críticas actuales se hayan desvanecido.

La izquierda sostiene que la capitalización individual lleva a informalizar las relaciones laborales y a reducir la cobertura de la previsión. Esta creencia fue reavivada por un estudio de la Superintendencia de AFP, que predijo que “sólo el 45 por ciento de los afiliados a las AFP autofinanciará una pensión superior a la mínima en el año 2025”, debido a las bajas densidades de cotización.

Muchos entendieron que el resto estaría en la pobreza. No es así: el sistema de AFP es parte de una red de instituciones de protección social, algunas estatales —como el INP, las pensiones asistenciales, los subsidios de pensión mínima de los sistemas antiguo y nuevo, Capredena y Dipreca—, y otras privadas —como el apoyo del cónyuge pensionado a la cónyuge sin pensión, y el esfuerzo voluntario para cubrir la vejez (propiedades, empleo)—. Un estudio reciente muestra que el 92 por ciento de las personas de tercera edad tiene ingresos sobre la línea de la pobreza, cifra superior a la de otros grupos de edad. También indica que cerca de 60 por ciento de la tercera edad logra un ingreso superior al 50 por ciento del ingreso que tenía cuando activo, al combinar las pensiones contributivas, el esfuerzo voluntario y el apoyo entre cónyuges. Incluso sin que medie reforma en 2006-2007, estas cifras mejorarán para el año 2025, pues la cobertura de pensiones contributivas aumentará 10 puntos, y el ahorro voluntario se expandirá. Estos éxitos desvirtúan la tesis de que la baja densidad sería responsabilidad del mercado del trabajo.

Sin embargo, el avance de la cobertura sería más rápido si se redujeran las distorsiones causadas por la legislación laboral y previsional vigente. Es posible que ocurra un brusco aumento de la informalidad en 2006, si la nueva ley de subcontratación deshace lo que se pueda avanzar por vía de mejoras a la legislación previsional.

Tampoco debería Chile perder la flexibilidad que, desde 1980 hasta ahora, ha permitido reformar más de 20 veces el D.L. N° 3.500, casi siempre para mejorarlo. Hay avances aún pendientes en temas de competencia, concentración financiera y límites de inversión, y el combate a ciertos errores no debería ser usado para eludir otras reformas necesarias.