Treinta y tres años de polémica
La Opinión, Los Angeles
Nuevo aniversario de la decisión judicial del derecho al aborto
WASHINGTON, D.C. (EFE).— De duelo por los no nacidos o en defensa de los derechos de la mujer en Estados Unidos, miles de activistas conmemoran hoy el dictamen de la Suprema Corte que legalizó la práctica del aborto, hace 33 años.
El 22 de enero de 1973, la Suprema Corte de Estados Unidos reafirmó el derecho de los estadounidenses a su vida privada, de tal manera que la relación entre una paciente y su médico quedaba libre de cualquier interferencia gubernamental.
En esa ocasión, el juez Harry Blackmun indicó que la 14 enmienda de la Constitución extiende el derecho a la vida privada a la decisión de una mujer de continuar o no con su embarazo.
Antes de ese dictamen, el asunto del aborto estaba en manos de los 50 gobiernos estatales y las restricciones variaban.
Muchos de los estados, entre ellos Texas —donde “Jane Roe”, un nombre designado para dejar a la demandante en el anonimato, demandó al gobierno estatal— prohibían el aborto a menos que la vida de la paciente corriese peligro por su estado de gestación.
Pero, desde 1973, el dictamen a favor del aborto, conocido como “Roe vs. Wade”, ha sido un grito de guerra de la Iglesia católica y de los conservadores que buscan revertirlo.
Un ejercicio anual
En lo que se ha convertido en un ejercicio anual en Washington para estas fechas, activistas en ambos lados de la polémica compiten por cobertura mediática para exponer sus posiciones.
Los conservadores y los grupos religiosos, lo hacen con la denominada “Marcha por la Vida”, con rosarios en mano, cruentas imágenes de fetos abortados y consignas a favor del derecho a nacer.
“Más de tres décadas después del fallo, el caso Roe sigue siendo moral y constitucionalmente indefendible”, según Deirdre McQuade, la voz pública de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en contra del aborto.
Los grupos defensores de la mujer, como “Planned Parenthood of America”, convocan una marcha nacional para reafirmar su derecho a tener abierta la opción del aborto y para exigir que el gobierno respete ese derecho.
El fallo del Supremo, con siete votos a favor y dos en contra, tiene especial relevancia en el panorama político, polarizado en la actualidad en torno a la posible confirmación del juez conservador Samuel Alito al Tribunal Supremo la próxima semana.
Alito, de 55 años, fue seleccionado por el presidente George W. Bush como sucesor de la jueza Sandra Day O’Connor, tildada como una voz de moderación en el Supremo, el tribunal que tiene la última palabra sobre asuntos sociales y políticos de gran envergadura nacional.
Así, la votación definitoria en el pleno del Senado, previsiblemente el próximo miércoles, tiene en ascuas a los grupos feministas, que temen que la llegada de Alito a la máxima corte mine los derechos de la mujer.
Temor por Alito
El tema del aborto predominó en los cinco días de audiencias de confirmación de Alito la semana pasada y, aunque el juez conservador reafirmó el derecho constitucional a la vida privada, se ha negado a indicar si revocaría o no el fallo de 1973.
“Ya que [el caso de] Roe aborda asuntos que pueden llegar al Supremo Tribunal, sería inadecuado que yo comentara directamente sobre él”, dijo Alito el viernes al responder a un cuestionario de la oposición demócrata.
En un memorándum de 1985, Alito afirmó que la “Constitución no protege el derecho al aborto” pero, durante las audiencias, el juez trató de distanciarse de esas declaraciones, al explicar que las hizo como alguien que solicitaba trabajo en el gobierno de Ronald Reagan.
Alito, que ha prometido ejercer el cargo vitalicio con imparcialidad, evadió explicar su filosofía judicial en torno al aborto. Ni los demócratas ni los grupos liberales afines quedaron satisfechos con sus respuestas, y más bien temen lo peor si Alito es confirmado.
Desde el año 2000 los gobiernos estatales, en parte presionados por la derecha religiosa, han adoptado un total de 52 leyes que restringen o condicionan la práctica del aborto. Según el Instituto Alan Guttmacher, un centro de estudios independiente, una cuarta parte de las 195 restricciones incluidas en esas leyes entró en vigor el año pasado.
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