Bogotá, Colombia—El Congreso de los Estados Unidos se niega, por ahora, a ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia y algunos de sus miembros piden reducir la ayuda militar a Bogotá. Este revés ha sido interpretado por los adversarios del Presidente Alvaro Uribe, incluido el venezolano Hugo Chávez, como señal de que el líder colombiano, que otrora parecía invencible, está en declive.

Hace poco, conversé con él en Bogotá con motivo de una serie de documentales que realizo para la televisión norteamericana. Le mencioné uno de los argumentos más utilizados contra él: los vínculos entre políticos cercanos a su gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, la sombrilla que agrupa a los paramilitares.

“En mi gobierno”, respondió, “hemos desmovilizado por primera vez a 46,000 personas, 36,000 de ellas paramilitares. La información sobre esos vínculos es resultado de ese proceso. Ahora, en buena hora, el poder judicial está haciendo su trabajo”.

¿No es el hecho de que los paramilitares de derecha penetraran las instituciones de Colombia responsabilidad del gobierno? “Los grupos guerrilleros le declararon la guerra al país”, sostiene Uribe, “y provocaron la reacción de los paramilitares. Los marxistas mataron, secuestraron y aterrorizaron a los colombianos, pero también penetraron las instituciones del Estado, en especial el poder judicial. Los paramilitares copiaron sus métodos, y nosotros estamos ahora limpiando y afirmando la democracia”.

¿Y qué hay del argumento, también utilizado en Washington, según el cual se sigue matando a dirigentes sindicales en Colombia? “El año anterior al inicio de nuestra política de seguridad democrática”, recuerda el Presidente colombiano, “mataron a 256 sindicalistas. El año pasado mataron a 17. Mi objetivo es que maten a cero, pero esa reducción es un progreso considerable”.

Otra imputación política que le hacen los demócratas y algún que otro republicano –que ha habido un aumento de las plantaciones de coca— pone a Uribe a la defensiva: “Si creen eso, que se acabe el Plan Colombia. El gobierno de los Estados Unidos dice que el año pasado había 156,000 hectáreas de coca, pero la ONU dice que eran 79,000. Que aprendan a medir. Hemos extraditado a más de 700 personas a los Estados Unidos. ¿Qué más quieren que hagamos?”>/p>

Uribe tiene razón en dos cosas: si no fuera por su política de “seguridad democrática”, que llevó a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los nexos entre los paramilitares y parte de la clase dirigente colombiana no estarían ventilándose hoy en los tribunales. Y los asesinatos de sindicalistas han caído notablemente. Gracias a su persecución de los grupos terroristas, el número total de asesinatos se ha reducido casi 50 por ciento en su país.

En cuanto a la erradicación de la coca, es cierto que los cultivos han aumentado. Pero eso no es culpa suya: ¡vaya que ha intentado acabar con la hoja de coca¡ Es culpa de una política equivocada impuesta a Colombia y al mundo andino desde afuera. También han aumentado los cultivos en Bolivia y el Perú. Condicionar la ratificación del TLC a la disminución de los cultivos de coca es valerse de un pretexto. Uribe es odiado por una parte de la izquierda latinoamericana y europea; los demócratas se han dejado atarantar por su campaña. No se le perdona a Uribe haber logrado que los grupos terroristas se batan en retirada y que haya creado un clima en el que la economía respira de nuevo, con una inversión total equivalente a 28 por ciento del Producto Bruto Interno. Uribe ha incluso privatizado parcialmente Ecopetrol, la empresa petrolera, otorgando acciones a 500,000 colombianos de forma directa y a otros seis millones a través de sus pensiones.

Las narcoguerrillas ejercen presión desde la jungla gracias a sus rehenes, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que se ha vuelto una causa célebre. Uribe ha aceptado, en principio, la idea de un intercambio de prisioneros por rehenes. Propone, por ello, una “zona de encuentro” en la que las negociaciones puedan llevarse a cabo con garantía de que no habrá intervención militar.

¿Está Uribe aflojando la mano contra las guerrillas? “No”, responde, “acepté una propuesta de Europa y de la Iglesia por razones humanitarias. La zona de encuentro tendría 150 kilómetros cuadrados, no 42,000 como en el pasado. A diferencia de aquella, sería una zona rural que no cuenta con presencia militar ni civil en este momento. Exigimos prueba de vida de los 47 rehenes [que las FARC dicen querer intercambiar]. Mientras seguimos la vía humanitaria, estamos creando un fondo para ofrecer dinero a los guerrilleros de base que quieran liberar rehenes sin pasar por los jefes. No incorporaremos guerrilleros a las Fuerzas Armadas”.

Uribe, quien no puede optar a la reelección, carece de sucesor y la izquierda ha logrado avances electorales. ¿Serán revertidas sus políticas cuando deje el poder? “No creo en la tesis del péndulo”, dice.

Mientras abandono el Palacio de Nariño, me digo a mí mismo que el mayor error del mandatario colombiano ha sido no institucionalizar un sistema bajo el cual sus políticas dependan menos de él mismo. Su mayor reto no es el terrorismo, los demócratas o la coca, sino despersonalizar su –en muchos sentidos— exitosa Presidencia.

(c) 2007, The Washington Post Writers Group


Alvaro Vargas Llosa es Asociado Senior en el Independent Institute.