Yendo a los extremos

Durante las dos semanas pasadas, más de 60 oficinas de los tribunales de familia en Gran Bretaña recibieron bombas falsas que fueron enviadas al parecer por los extremistas de los derechos de los padres; quizás por un individuo.

La cuestión de los derechos de los padres en el Reino Unido puede estar ingresando en una fase más violenta. Si es así, esto debería actuar como un relato admonitorio para Norteamérica.

Nadie fue dañado por las “bombas” pero la Consejería de los Niños y de la Familia y los Servicios de Ayuda fueron cerrados, las calles fueron acordonadas y las actividades interrumpidas Más significativamente, las “bombas” claramente amenazaron con violencia. Un equipo antiterrorista se encuentra investigando.

La violencia es la peor “estrategia” posible para cualquiera que busque la reforma social. No solamente es inmoral e ilegal, es también contraproducente para la causa que está siendo defendida. La primera vez que un ser humano inocente es lastimado, un movimiento que emplea la violencia pierde toda credibilidad moral; la misma crea también un justificado contragolpe de cólera por parte del público y la represión por parte de las autoridades.

El abandono de la discusión es una de las características que distingue a un movimiento revolucionario de uno que busca la reforma. Los reformadores trabajan para cambiar a un sistema de leyes o de actitudes, lo cual significa cambiar los corazones y las mentes de la gente. Por el contrario, los revolucionarios han abandonado la posibilidad de la reforma y, de esta manera, desean barrer al sistema—un proceso que no requiere consentimiento. La distinción es capturada en la diferencia en cómo Martin Luther King y las Panteras Negras se acercaron cada una a los derechos de los negros en los años 60.

Un interrogante confronta a cualquiera que se preocupa por la familia y por los niños en nuestra sociedad: ¿cómo prevenimos que el movimiento de los derechos de los padres en Norteamérica se vuelva revolucionario? Esta pregunta no pone a la culpa por la violencia sobre los hombros de la sociedad. Aquellos que inician la fuerza son responsables por sus acciones criminales y nadie debería negociar con alguien que los está amenazando. Ese es el punto en el cual la negociación y la razón se terminan. Habiendo señalado esto, sin embargo, es productivo preguntarse por qué la gente se vuelve lo suficientemente frenética o encolerizada como para acudir a la violencia.

Los derechos a la custodia de los hijos y a las visitas se están volviendo puntos de inflamación en nuestra sociedad: Los hombres están desesperados por ser una parte de las vidas de sus niños. Y, si ellos no son abusivos, tal involucramiento debería ser el derecho de cada progenitor, varón o mujer. Por otra parte, los hijos deberían crecer conociendo a ambos padres.

El problema se presenta usualmente con los divorcios en los cuales ningún acuerdo privado sobre la custodia del niño puede ser establecido y, por ende, la decisión es dejada al tribunal. Hay una tendencia creciente hacia la custodia física común—con más de uno de cada cinco divorcios que manejan la custodia de los hijos de esa manera—pero los tribunales todavía favorecen de modo aplastante a la custodia única por parte de la mujer.

La redacción de muchas leyes estaduales le ordena al juez considerar cuál padre es probable que “actúe en los mejores intereses del niño.” Pero, en la práctica, la custodia única de los hijos es asignada a menudo casi automáticamente a la madre, con la custodia común siendo posible solamente si ambos padres la acuerdan.

Para esos periodistas o activistas que tienen algún contacto con el movimiento de los derechos de los hombres, el dolor de los padres alejados es casi ensordecedor.

Los padres reclaman que incluso sus escasos derechos de visitación han sido negados—a veces arbitrariamente, a veces debido a circunstancias tales como que la madre se muda de estado. Su preocupación no es meramente por sí mismos sino también por el bienestar de sus hijos, muchos de los cuales crecen sin un padre.

Las organizaciones de los derechos de los padres están surgiendo en los niveles básicos a través de Norteamérica y la mayoría de ellas son similares a la Alianza por los Derechos de los Progenitores que No tienen la Custodia (ANCPR son sus siglas en inglés) en lo que abogan. La ANCPR sostiene: “muchos aspectos de las leyes actuales y propuestas atinentes a la visitación, la custodia y a el cumplimiento del pago de los alimentos violan los derechos constitucionales de todos los progenitores que no poseen la custodia” tanto hombre como mujer. La ANCPR continúa: “es en el mejor interés del niño el tener una igualdad de acceso a ambos padres… por lo que la custodia física conjunta debería ser la presunción en el Derecho de Familia.”

Existen voces menos templadas. Como comentarista que se ocupa de los derechos del padre, oigo estas voces personalmente. No solamente a través de cartas de “agradecimiento” sino también con amenazas abiertas de violencia cuando la particular fraseología de una oración es considerada “anti-hombre.” Es mi política el enfrentar a las amenazas de violencia. Por ejemplo, hubo un reciente y público llamado en la Internet para que “Dios bendiga” a la mano de cualquier hombre que me golpease.

Cuando el jefe de una organización de los derechos de los hombres parecía endosar la convocatoria, lo enfrenté. Felizmente, el “endoso” fue un malentendido que lo desconcertó a él más que a mí. Publicó una apología pública.

Dado mi compromiso de enfrentar las amenazas, no es en espíritu de conciliación sino de justicia que afirmo: “El sistema judicial de la familia en Norteamérica debe ser reformado para incluir la refutable presunción de la custodia compartida.” Esto significa que los tribunales de familia deberían presumir que los padres divorciados compartirán por igual la custodia legal y física de los hijos a menos que exista una razón de peso para establecerlo de otra manera.

La reforma es necesaria para proporcionar justicia a los padres y a los niños ante un divorcio. Como un saludable efecto secundario, la reforma puede ser también la mayor protección de la sociedad contra la violencia políticamente motivada.

Traducido por Gabriel Gasave