El caso Chiquita cuestiona las ventajas de confesar crímenes en EE.UU.

Por Laurie P. Cohen
The Wall Street Journal

En abril de 2003, Roderick M. Hills, en aquel entonces director del comité de auditoria de la bananera estadounidense Chiquita Brands International Inc., fue al Departamento de Justicia de Estados Unidos con otros representantes de la compañía con una admisión sorprendente: La compañía había estado haciendo pagos ilegales a un grupo armado colombiano que Estados Unidos clasifica como terrorista.

Años atrás, eso habría sido suficiente para que Chiquita saliera bien librada. Las compañías y los ejecutivos que reportaban sus crímenes y se comprometían a cooperar recibían un trato benévolo. Muchas recibían un “proceso diferido” en el que no se presentaban cargos a menos que cometieran más crímenes.

Pero ese no fue el caso de Chiquita, o Hills. En marzo de este año se declaró culpable de llevar a cabo transacciones con un grupo terrorista y accedió a pagar US$25 millones en multas, la primera vez que una de las grandes empresas estadounidenses fue acusada de tener acuerdos financieros con terroristas. Ahora, Hills, un ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), enfrenta la posibilidad de cargos criminales. Un jurado federal investiga su papel en la continuación de los pagos por casi otro año.

Esta investigación ilustra la dura postura que los fiscales estadounidenses han adoptado recientemente de procesar agresivamente a las empresas, incluso cuando estas confiesan haber violado la ley. Los críticos dicen que esta estrategia podría causar dificultades si las empresas deciden que da lo mismo si esperan a que alguien los descubra. “Este caso hará que las firmas lo piensen dos veces antes de autoincriminarse”, asegura Ellen Podgor, profesora de derecho de la Universidad Stetson, en Florida.

El abogado de Hills, Reid Weingarten, y los abogados de otros cuatro directivos, incluyendo al ex presidente ejecutivo Cyrus Freidheim Jr. y al antiguo consejero general Robert Olson, enviaron memorandos a los fiscales el mes pasado, presentando sus razones por las cuales sus clientes no deberían ser acusados de crímenes relacionados con el terrorismo. “Que Rod Hills esté bajo investigación por un crimen que él mismo reportó es absurdo”, afirma Weingarten. Hills declinó hacer comentarios.

El caso puede centrarse en parte en qué tan benévolo fue el tratamiento de los representantes de Chiquita por parte del gobierno estadounidense. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar, había amenazado con secuestrar o asesinar a los empleados de los campos bananeros de su filial colombiana Banadex. A Chiquita le preocupaba que las AUC lastimaran a sus empleados si detenía los pagos inmediatamente. Hills y el consejero general de la empresa en aquel entonces creyeron que los altos funcionarios del Departamento de Estado entendían esta situación y por lo tanto habían aplazado la exigencia de detener los pagos, aseguran abogados al tanto del caso. En total, Chiquita pagó US$1,7 millones a lo largo de siete años.

El Departamento de Justicia niega que le haya dado a Chiquita cualquier autorización para seguir pagando. Mientras tanto, el caso se ha convertido en una papa caliente en el Congreso estadounidense, donde los Demócratas han prometido más investigaciones de las empresas de EE.UU. que subvencionan actos violentos fuera del país y mayor severidad en los castigos del gobierno estadounidense.

Los abogados de Freidheim y Olson dicen que sus clientes actuaron apropiadamente bajo las circunstancias. El abogado de Chiquita Eric Holder Jr. asegura que la empresa enfrentó dos “alternativas impalpables e inaceptables”, poner en peligro a sus empleados o infringir la ley y por lo tanto “hizo lo correcto” al decirle al Departamento de Justicia.

Los fiscales estadounidenses abordaron el dilema de Chiquita desde una perspectiva diferente. Desde el principio, “lo vi como una investigación de homicidio”, dice Roscoe Howard Jr., antiguo abogado del gobierno que lideró el caso en contra de Chiquita antes de dejar su cargo en 2004. “Aunque Chiquita no asesinó a nadie, el dinero fue usado para eso… para comprar armas”.

Malis y otros fiscales están bajo presión para tomar una decisión sobre si acusar a los ejecutivos de otros crímenes. Mientras tanto, Lamberth ha accedido a posponer la sentencia de Chiquita debido a su cooperación.

Dean Body, un vocero del Departamento de Justicia dijo que el caso fue “muy serio” e involucraba una conducta que se extendió por varios años. Agregó que “si la única forma de que una compañía puede operar en un lugar en particular es de manera ilegal, entonces probablemente no debería estar allí”. Finalmente, la empresa resolvió su problema al vender la filial, aunque sigue recibiendo sus bananas.