Argentina: Ante los problemas del modelo se lanzó el plan “palos para todos”

La Prensa, Buenos Aires

La presidenta admitió el jueves que tenía "rabia contenida" en un discurso en el que repartió críticas a distintos sectores por el aumento de la conflictividad. Su indignación tuvo réplicas casi inmediatas de los sindicalistas que hoy la enfrentan, los moyanistas, por lo que la pelea podría ser considerada circunstancial y propia de una época en que se negocian los salarios o producto de la interna de la CGT. Pero el problema es de fondo: a más de 10 años de su puesta en marcha el "modelo" presenta evidentes problemas de funcionamiento y necesita un "service" que nadie en la Casa Rosada se anima a encarar.

La decadencia del esquema diseñado por Roberto Lavagna después de la crisis de 2001 tuvo durante los últimos siete días distintas manifestaciones. Una fue el cierre prácticamente total del mercado de cambios, lo que hizo crecer fuerte el dólar paralelo. Otro fue la ratificación de que el cierre de importaciones se mantendrá por lo menos hasta diciembre, a pesar de los problemas que genera la falta de insumos y las protestas de los países que ven trabadas sus exportaciones.

Otro dato relevante fue el escándalo en la legislatura bonaerense que no pudo tratar la suba del impuesto inmobiliario rural. La pelea entre "camporistas" y chacareros es resultado de las necesidades fiscales del gobierno provincial y de la "sequía" del nacional. En este caso el problema fiscal ni es coyuntural, ni se circunscribe a Buenos Aires. En Santa Cruz los sueldos más altos de la administración pública no fueron pagados y las protestas enojaron a la presidenta. Ante esto hoy sólo parece haber dos caminos: mayor presión fiscal o expropiaciones.

Lo llamativo es que quienes gobernaron y gobiernan Santa Cruz lo hicieron en nombre de los Kirchner. Si los centenares de millones de dólares del fondo armado con la venta de YPF "se evaporaron" en salarios públicos -como reveló la propia jefa de Estado- fue por decisión de los Kirchner, lo que vuelve poco convincente la indignación retrospectiva. A lo que hay que agregar que la situación actual es consecuencia de la naturaleza del modelo. Si se sobrealimenta el consumo con aumentos salariales a sectores de productividad casi nula, el déficit fiscal será inevitable.

La principal amenaza de la administración Fernández no es la oposición, sino el rojo de las cuentas públicas. Los ingresos hace rato que crecen menos que el gasto. La situación era manejable hasta hace uno meses, pero el control de importaciones por problema de balance de pagos afectó la recaudación, por lo que se está ingresando en un círculo vicioso de déficit, inflación y menor actividad económica.

La posibilidad de endeudamiento para salir de esta mala circunstancia ha sido descartada por el propio gobierno, con lo cual se está convirtiendo en víctima de medidas de las que en tiempos no demasiados lejanos se enorgullecía.

La salida de estos problemas, por supuesto, no es económica, sino política. No depende de que Guillermo Moreno apriete más o menos a los empresarios o persiga más o menos a los productores que se niegan a vender a los precios a los que a él se le ocurren. Depende de que se admita que el problema es interno y no producto de la crisis global y se tomen las decisiones pertinentes. Una de ellas sería presionar a la baja en el corto plazo el consumo inflado artificialmente.

Hasta ahora eso no ha sucedido y, según todos los indicios, no sucederá. Además de enojarse, la presidenta dijo el jueves que "el problema no es que nos hayamos caído del mundo sino que el mundo se cayó encima de nosotros", frase moreniana y en sintonía con el entorno camporista que se hace cada vez más frondoso.

En ese plano resulta evidente el repliegue de funcionarios "k" en otros tiempo muy influyentes -por ejemplo Julio De Vido- que habían propuesto ordenar las cuentas fiscales en cuestiones básicas como los subsidios y, como contrapartida, el avance de quienes le dicen a la presidenta que las turbulencias son de origen externo y que pasarán pronto; que el modelo funciona bien y que sólo hace falta soportar el chubasco.

Esa opinión -paradójicamente fomentada por los nuevos "cuadros técnicos" que la rodean- no responde a una lógica económica, sino política. Es que si hiciese un ajuste "ortodoxo" a esta altura la presidenta pagaría los costos sin recibir a cambio ningún beneficio electoral. Por esa razón no baja el gasto, hace como si la inflación no existiese y trata de resolver los conflictos sermoneando sindicalistas y amenazando castigar a las "corporaciones".