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Exceso de gasto debido a la ampliación de misiones
20/2/2012
Charles V. Peña

La última moda para recortar el gasto del gobierno federal es la reducción del número de contratistas del sector privado. ¿Los recuerda?, los contratistas del gobierno que fueron contratados porque serían más eficientes que la utilización de los propios trabajadores del gobierno para realizar las mismas tareas.

Resulta que los estudios más recientes demuestran que los contratistas privados a menudo terminan costando más por el mismo trabajo que los empleados gubernamentales. Pero, ¿reducirá realmente el gasto el hecho de sustituir a un conjunto de trabajadores por otro? Es improbable.

El gobierno federal gasta actualmente alrededor de 320 mil millones de dólares (billones en inglés) al año en concepto de contratos de locación de servicios, o alrededor del 10 por ciento del gasto federal total, de acuerdo con el no partidista Proyecto sobre Supervisión del Gobierno (POGO es sus sigla en inglés).

Un estudio reciente efectuado por ese grupo de vigilancia independiente concluyó que “a nivel general”, respecto de una amplia gama de categorías laborales, los contratistas cuestan a los contribuyentes más que los empleados públicos. Para 35 categorías ocupacionales, que abarcan más de 550 prestaciones de servicios, el análisis del POGO reveló que los contratistas ganaron dos veces más que los empleados federales que realizan el mismo trabajo. Por ejemplo, el típico ingeniero informático del gobierno percibe 136.456 dólares en concepto de remuneración total (salario y beneficios) mientras que el contratista factura al Tío Sam 268.653 dólares.

El gobierno podría ahorrar dinero y bajar el gasto mediante la reducción de los contratistas y efectuar más tareas en casa. De hecho, el reciente informe del Pentágono, “Defense Budget Priorities and Choices” (“Prioridades y opciones del presupuesto de defensa”), destinado a guiar las reducciones en los gastos de defensa, enumera a las “reducciones en los servicios contratados” como una de las varias maneras con las que intenta ahorrar 60 mil millones de dólares durante los próximos cinco ejercicios fiscales.

Seguramente, si el gobierno federal no gastase tanto dinero en la contratación de empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales (ONGs) para prestar determinados servicios, al menos algunos ahorros podrían ser posibles.

Pero no necesariamente—porque estos abultados ejércitos de contratistas y las legiones de trabajadores del gobierno federal son ambos un síntoma del problema, no la causa. Ese problema es un gobierno que trata de hacer demasiado.

La contratación de servicios existe porque el gobierno ha creado un sinnúmero de “misiones” para sí mismo y debe apoyar esas misiones. El término para este fenómeno es ampliación de la misión. La constante expansión de estas misiones ha alimentado tanto el crecimiento del gobierno como la contratación.

La reducción o eliminación de servicios contratados no cambia la dinámica de la situación, si todas las tareas todavía tienen que hacerse.

Aun asumiendo que el gobierno pudiese incorporar empleados para desempeñar las mismas funciones que los contratistas privados, el ahorro es probable que no sea tan significativo como concluye el estudio del POGO, teniendo en cuenta varios otros estudios recientes que demuestran que los trabajadores federales ganan más que sus contrapartes en el sector privado cuando los costos totales—incluyendo los salarios, los gastos generales (sobre todo las instalaciones, a las que el POGO no contempló), y otros beneficios—son considerados.

Por ejemplo, en 2009 el Departamento de Defensa recortó 33.000 empleos contratados y creó 16.000 nuevos empleos civiles del gobierno para reemplazarlos. El Secretario de Defensa Robert M. Gates esperaba ahorrar en el vecindario un 40 por ciento; el número real se asemejó más al 25 por ciento. También es importante recordar que los trabajos del gobierno federal son relativamente “permanentes”, mientras que los contratos de locación de servicios pueden darse por concluidos o no ser renovados.

Eso no implica decir que el gobierno federal no pueda (o no debería) ahorrar dinero y reducir el gasto mediante la reducción de los contratistas. Pero solamente reduciendo los contratos—recortes porcentuales ordenados especialmente, como la fórmula del 10 por ciento por año de los recortes de “eficiencia” que el Departamento de Defensa planea durante los próximos tres años—no es el modo de hacerlo.

Si deseamos reducir el gasto público y, a su vez, reducir el gasto destinado a la contratación de servicios, el gobierno tiene que hacer menos. Eso significa que decidir lo que es importante y qué no lo es. Eso significa echarle una mirada honesta a todos los programas y establecer prioridades; todo no puede ser igualmente importante, de lo contrario no hay nada importante.

Sólo entonces puede tomarse una decisión racional respecto de en qué gastar el dinero—y en qué no gastarlo, incluyendo el apoyo de los contratados e igualmente de los empleados federales. Hasta entonces, poco cambiará.

Desafortunadamente, la última cosa que Washington es probable que haga sea constreñirse—porque eso significa renunciar al poder. Mucho mejor para él es sugerir una solución imaginaria para un problema inexistente que actuar realmente sobre el verdadero problema.

Traducido por Gabriel Gasave


Charles V. Peña es ex Investigador Asociado Senior en el Independent Institute así como también Asociado Senior con la Coalition for a Realistic Foreign Policy, Asociado Senior con el Homeland Security Policy Institute de la George Washington University, y consejero del Straus Military Reform Project.




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