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Una tortuosa posición sobre las atroces técnicas de interrogación
20/4/2009
Ivan Eland

Si bien Barack Obama debería ser aplaudido por terminar con la tortura por parte del gobierno estadounidense y prometer el cierre de la infame cárcel de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA alrededor del mundo, no está sin embargo manejando el tema de un modo que pudiese resolver ambas cuestiones de la mejor manera.

Para azuzar a su predecesor, Obama dio a conocer memos gráficos del Departamento de Justicia de la era Bush que justificaban de manera asombrosa el ahogo simulado, la privación del sueño por largos periodos (por ejemplo, durante unos increíbles 11 días), el confinamiento restringido en una pequeña caja oscura, las posiciones tiesas durante largo tiempo, la desnudez forzada y la violencia física contra los detenidos. Al mismo tiempo, como para no irritar excesivamente a los republicanos, con quienes debe seguir trabajando para conseguir la aprobación de leyes, Obama afirmó que el personal de la CIA que siguió las retorcidas pautas legales de Bush que autorizaban dicha tortura no será procesado. También salió al cruce de nuevos cuestionamientos sobre el tema sosteniendo que “no se ganará nada desperdiciando nuestro tiempo y energía en encontrar culpables por lo ocurrido”.

Que alivio que no sigamos la misma filosofía cuando acontecen asesinatos u otros actos ilegales. Y muchas de estas crueles técnicas de interrogación son ilegales bajo las convenciones internacionales suscriptas por los Estados Unidos, que prohíben el trato “cruel, inhumano o degradante”. Además, el ahogamiento simulado es claramente ilegal bajo la ley estadounidense y los interrogadores japoneses fueron procesados durante los juicios por crímenes de guerra que siguieron a la Segunda Guerra Mundial por su empleo así como también por la utilización de otras técnicas mencionadas en los memos.

Leon Panetta, el director de la CIA de Obama, planteó que incluso la revelación de los memos implicaría la divulgación de los métodos que usa la inteligencia. Sin embargo Obama dijo que tales técnicas aberrantes no volverían a ser utilizadas. Entonces, ¿cuál es el problema?

El jefe de la inteligencia de Obama, el almirante Dennis Blair, sostuvo que los funcionarios de la CIA estaban tratando de evitar de manera desesperada otro ataque en los oscuros días posteriores a los ataques del 11 de septiembre y no deberían ser enjuiciados ahora que el sol está brillando. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por supuesto, Blair está asumiendo de manera implícita que la tortura es eficaz para sacarles buena información a los prisioneros, algo que los más experimentados interrogadores del FBI y militares sostienen que no es así. Khalid Sheikh Mohammed, quien planeó los ataques del 11/09, aparentemente le suministró a la CIA información falsa cuando fue torturado, probablemente solo para detener su sufrimiento. Incluso los memos del Departamento de Justicia que describen las duras técnicas admitían que era difícil distinguir entre un prisionero que estaba guardándose información de aquel que no tenía ninguna. También, muchos en las fuerzas armadas de los EE.UU. no son muy afectos a la tortura, porque otros países pueden utilizarla como una excusa para torturar a prisioneros estadounidenses. Además, si los Estados Unidos tienen una reputación de torturar prisioneros, los soldados enemigos tienen un incentivo para combatir hasta morir en vez de rendirse, dando lugar así a más muertes entre el personal militar de los EE.UU.. Además muchos interrogadores experimentados sienten que es mejor seguir el consejo de mamá: se consigue más con azúcar que con vinagre.

Los funcionarios de la CIA que participaron de actos de tortura deberían ser enjuiciados. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no permitieron que los nazis y japoneses de nivel más bajo eludiesen el procesamiento por crímenes de guerra mediante el artilugio defensivo de que “solo cumplían órdenes”. ¿Por qué deberían ser diferentes los oficiales de la CIA? Ellos sabían que estos actos eran ilegales bajo las leyes estadounidenses y las convenciones internacionales cuando los perpetraron.

Pero la tortura durante la administración Bush fue peor que la cometida durante la Guerra Hispano-Estadounidense y la de Vietnam por una razón: la autorización vino desde arriba. Por lo tanto, la nación precisa conocer desde cuán arriba fue dada la orden de perpetrar los crímenes de guerra. Baltasar Garzón, el juez de instrucción español que ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet, se encuentra aparentemente decidiendo si presentar o no cargos contra seis altos funcionarios de la administración Bush por autorización de la tortura, incluidos David Addington, por entonces consejero general del vicepresidente Dick Cheney, Alberto González fiscal general de Bush, John Yoo, un abogado del Departamento de Justicia que redactó los memos justificando la tortura y Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa de Bush. Curiosamente, España podría reclamar tener jurisdicción para el procesamiento en virtud de que es signataria de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y algunos ex prisioneros de Guantánamo que sostienen que fueron torturados son ciudadanos o residentes españoles.

Pero, ¿por qué detenernos allí? El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld claramente sabía de la tortura y recientemente salió a la luz que el propio presidente George W. Bush era consciente de ella. Por ende perdonaron actos ilegales.

Es cierto que a medida que ascendamos en la cadena de mando, se torna políticamente más difícil enjuiciar a ex funcionarios. Aun cuando varios funcionarios de la administración Nixon fueron a la cárcel por sus actos ilegales durante Watergate, el presidente Richard Nixon fue perdonado de manera inconstitucional incluso antes de ser acusado de algún crimen. El presidente Gerald Ford, el sucesor de Nixon, sostuvo que lo estaba hacienda para evitarle a la nación el duro trauma de un largo enjuiciamiento presidencial. Entonces como ahora, crímenes enormes fueron perpetrados y encubiertos en nombre de “proteger a los Estados Unidos”.

Como dice la canción de la banda de rock AC/DC, “No es fácil vivir libres”. En una República, el Estado de Derecho—el principio de que las leyes se aplican a todos—bien puede ser lo más importante. Si no deseamos que se repitan actos ilegales en cualquier nivel de gobierno, deben ser expuestos, exhaustivamente investigados y enjuiciados—sin importar quién está implicado y cuán doloroso sea para el país.

No obstante, el Presidente Obama, por razones políticas, no está solamente protegiendo a funcionarios de alto nivel de la administración Bush de una investigación y enjuiciamiento sino incluso a los interrogadores de bajo rango de la CIA. Simplemente “avanzar” no disuadirá a los futuras funcionarios estadounidenses de regresar a la tortura cuando los vientos políticos la permitan.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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