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Muerto a manos del gobierno
1/3/1999
Thomas J. DiLorenzo

Si hubiese justicia en el mundo, Joan Claybrook, la titular de la National Highway Transportation Safety Administration (La Administration Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras) durante la administración Carter, debería ser esposada a la columna de dirección de un Volkswagen Escarabajo mientras una bolsa de aire fuese reiteradamente inflada sobre su rostro.

Mientras estuvo en el gobierno, Claybrook nos obligó a aplicar la disposición sobre las bolsas de aire. Luego, años más tarde, después de que docenas de niños murieran a consecuencia de las mismas, mintió respecto de su papel de volverlas obligatorias, como el abogado Sam Kazman recientemente lo probara en las páginas del Wall Street Journal.

Incluso después de tornarse notorio que las bolsas de aire podían matar a los niños y a los adultos de porte pequeño, el gobierno continuó insistiendo en que las mismas debían ser utilizadas, haciendo propaganda en favor de su uso, y rehusó volverlas opcionales. Los reguladores finalmente cedieron y permitieron dispositivos para poder desactivarlas en 1995, pero es prácticamente imposible encontrar un centro de atención del automóvil que esté dispuesto instalar uno de esos mecanismos de desactivación debido a sus temores por una responsabilidad eventual.

Quizás el ejemplo aún más notorio de la arrogancia, del elitismo y del absoluto desprecio para con los ciudadanos comunes que caracteriza a los reguladores de las bolsas de aire sea el triste caso de Dwight Childs de Parma, Ohio, cuyo hijo fue muerto recientemente por una bolsa de aire. El niño se encontraba amarrado a su sillita de seguridad tal como lo ordena el gobierno, sentado de espaldas en el asiento delantero de la camioneta de su padre (la cual carecía de asiento posterior), cuando un accidente en una intersección activó a la bolsa de aire, matando al bebé de forma instantánea.

El Sr. Childs quedó devastado y nunca superará la muerte de su hijo. Pero en lugar de responsabilizar a la bolsa de aire por la muerte del niño, el gobierno ha procesado al Sr. Childs, acusándolo de negligencia al fallar en no desconectar tal dispositivo de seguridad. Este es el mismo gobierno que ha gastado incalculables millones de dólares de los contribuyentes en negar los peligros de las bolsas de aire, urgiéndonos a todos nosotros a utilizarlas.

El Sr. Childs fue hallado culpable y cruel y viciosamente sentenciado por el Juez de un Tribunal Municipal, Kenneth Spanagel, a pasar dos días en la carcel: el día que hubiese sido el primer cumpleaños de su hijo fallecido y el del aniversario del accidente. Este trabajador del acero debe también abonar una multa de $500 (la cual vence en las proximidades de Navidad), y prestar “servicios comunitarios” como forma de educar al público acerca de la “seguridad de las bolsas de aire.” George Orwell no podría haber imaginado un ejemplo más extremo de la tiranía envuelta en la ironía.

El Sr. Childs se encontraba aún en un estado tal de conmoción y de desesperación durante la audiencia, que fue incapaz de pronunciar una sola palabra en defensa propia. Claramente, el Juez Spanagel debería haber sido obligado a unirse a Joan Claybrook en el asiento delantero de ese Volkswagen para experimentar por sí mismo algo de “la seguridad que brinda la bolsa de aire.”

Aún cuando las bolsas de aire son responsables de numerosas muertes, las mismas empalidecen si se las compara con la matanza que ha sido creada por los estándares corporativos promedios para economizar combustible (CAFÉ, como se los conoce en inglés.) Para cumplir con estos estándares, la industria automotriz ha reducido dramáticamente su flota, haciendo autos menos anchos, más cortos, y más livianos. El resultado, de acuerdo con un estudio realizado por Robert Crandall y publicado en el Journal of Law and Economics, es responsable de aproximadamente 2.500 muertes adicionales causadas por accidentes de tránsito cada año.

Los consumidores le han respondido a esta matanza establecida gubernamentalmente, adquiriendo millones de grandes vehículos utilitarios deportivos (conocidos como SUV en inglés) y minivans. Esto a su vez ha provocado que los siempre arrogantes reguladores y sus cómplices en el movimiento medio ambientalista, comenzaran a proponer impuestos y reglamentos especiales sobre estos vehículos más grandes para intentar claramente sacarlos del mercado.

Estos ejemplos de la tiranía reglamentaria evidencian una importante serie de lecciones. Primero, a los responsables de la denominada regulación de protección al consumidor los consumidores no les importan un ápice. Su preocupación principal es la de edificar un imperio burocrático. Segundo, los medio ambientalistas y los “activistas por el consumidor” de las asociaciones sin fines de lucro que proporcionan la pantalla de humo del “interés público” para estas reglamentaciones son igualmente desdeñosos para con los consumidores.

Su verdadero objetivo es el de pelear una guerra contra las instituciones del capitalismo, especialmente las de la libertad de elección y la propiedad privada. Odian a los automóviles debido a que los mismos precisamente proporcionan dicho sentido de libertad y de independencia.

Podríamos ser mucho más fáciles de “controlar” si todos pudiésemos ser hacinados en las ciudades y obligados a desplazarnos en el socializado “transporte público,” el sueño imposible de todo medio ambientalista y de todo fanático anti-automóviles. A esto se debe la razón por la cual experimento una gran sensación de gratificación al poseer tanto un gran vehículo utilitario deportivo como un Camaro Z-28 convertible con ocho cilindros y un motor de 305 caballos de fuerza. Nunca me siento más vivo como cuando me encuentro a bordo de mi Z-28, disfrutando de un cigarro, y pensando que ese espectáculo volvería locos a los entrometidos medio ambientalistas y a los mezquinos tiranos.

Traducido por Gabriel Gasave


Thomas J. DiLorenzo es Investigador Asociado en The Independent Institute, Profesor de Economía en la Loyola College en Maryland, y autor colaborador del libro, Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination.




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