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La usurpación del poder propuesta por John Yoo para el Poder Ejecutivo estadounidense 

7/4/2008
Ivan Eland

Recientemente han salido a la luz más memorandos escritos a comienzos de la administración Bush por John C. Yoo de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia—el hombre que nos dio la horripilantemente estrecha definición de tortura de la administración como el dolor físico que debe ser "equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una lesión física seria, tal como un órgano malogrado, el deterioro de la función corporal o incluso la muerte”. Tan difícil como pueda ser de creer, los memorandos recientemente revelados son aún más aterradores para la República que su memorando original sobre la tortura.

Yoo—intentando defender la postura ultra-expansionista del Poder Ejecutivo que la administración Bush, especialmente el vicepresidente Dick Cheney, ha apoyado—escribió memorandos afirmando audazmente que el poder del presidente durante las épocas de guerra es casi ilimitado. Por ejemplo, sostuvo que el Congreso carece de derecho a sancionar leyes que regulen los interrogatorios a los enemigos combatientes y que el Ejecutivo puede ignorar dichas leyes si son sancionadas, y puede, sin restricción, confiscar navíos marítimos. Los memorandos sostienen también que las operaciones militares en los Estados Unidos contra los terroristas no se encuentran sujetas a la exigencia de la Cuarta Enmienda de ordenes de allanamiento ni al requisito de la Quinta Enmienda del debido proceso.

Esta interpretación asombrosamente amplia de las facultades de la rama ejecutiva y del rol como Comandante en Jefe del presidente haría saltar de sus tumbas a los fundadores de la nación. Los fundadores concibieron originalmente al Congreso y a los estados como las ramas más poderosas del gobierno. Pero la Guerra Fría, y todas las guerras calientes dentro de la misma, expandió de manera inconstitucional las facultades del jefe del ejecutivo en la presidencia imperial, a la que George W. Bush a través de su “guerra contra el terror” está tratando de convertir de un modo “hiper-imperial”. Resueltamente, en respuesta al horror de los monarcas europeos que regularmente encaminaban a sus países a la guerra utilizando la sangre y el tesoro de su pueblo, la Convención Constituyente enumeró el vasto número de facultades del Congreso en el más largo Artículo I, y concedió la mayor parte de las facultades relacionadas con la defensa y los asuntos exteriores a la rama del pueblo. En particular, el poder de la guerra—el poder de decidir sí, cuándo y cómo la nación iría a la guerra—fue otorgado al Congreso. Al jefe del ejecutivo, cuya lista de facultades mucho más corta fue enumerada en el mucho más breve Artículo II, le fue otorgado el papel de Comandante en Jefe, pero éste fue concebido de manera acotada, solamente como comandante de las tropas estadounidenses en el campo de batalla.

En vez de declarar la guerra, lo que ha caído fuera de moda, el Congreso, después del 11 de septiembre de 2001, sancionó una resolución autorizando al presidente a ir tras al Qaeda en el exterior, pero omitió deliberadamente a las actividades internas de esa autorización. Por lo tanto es dudoso si los Estados Unidos están verdaderamente “en guerra” en primer lugar. También, los demócratas y republicanos por igual, en el momento en que la resolución fue votada, declararon que no estaban avalando una expansión amplia de la autoridad del presidente como Comandante en Jefe.

Además, para demostrar cuán estrechamente los fundadores concibieron originalmente que fuese el rol del Comandante en Jefe, un episodio de comienzos de la historia de la Republica resulta ilustrativo. Durante la cuasi-guerra con Francia a finales del siglo 18, el Congreso autorizó al presidente John Adams a confiscar los navíos franceses armados que navegaran hacia puertos franceses. Adams se excedió en la autorización parlamentaria al ordenar el decomiso de tales embarcaciones navegando hacia o desde puertos franceses. La Corte Suprema, en el caso Little v. Barreme, falló que Adams había excedido la autoridad que el Congreso le había delegado. Demasiado para la supuesta autoridad intrínseca de Bush de confiscar todos los navíos marítimos sin autorización parlamentaria.

De manera similar, en 1952, en la administración Truman durante la Guerra Fría, el primer presidente imperial confiscó las acerías usando su supuesto “poder inherente” como Comandante en Jefe—supuestamente para evitar la parálisis de la economía nacional y utilizando la justificación de que los soldados en la Guerra de Corea necesitaban armas y municiones. Por un amplio margen, en el caso Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva de Truman de incautar las acerías, en virtud de que carecía de bases legales o constitucionales. En otras palabras, la Corte esencialmente falló que el presidente era el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, no del país.

El argumento de Yoo de que el Congreso carece del derecho a sancionar leyes que colisionen con el reclamo del presidente de una interpretación excesivamente amplia de su rol como Comandante en Jefe—y de que el jefe del Ejecutivo tiene derecho a ignorar cualquiera de dichas leyes que sea sancionada—es sorprendente. Este paradigma implica esencialmente gobernar mediante decretos presidenciales, lo cual viola el corazón del sistema constitucional de controles y contrapesos, y por el cual los Estados Unidos critican regularmente a los déspotas de naciones extranjeras.

Finalmente, la Cuarta Enmienda (exigiendo ordenes de allanamiento para cualquier requisa) y la Quinta Enmienda (el derecho al debido proceso legal) no contienen excepción alguna para las épocas de guerra. En verdad, en una República—donde el Estado de Derecho debería ser rey—las crisis y las épocas de guerra son exactamente los momentos en los cuales los derechos del pueblo están más proclives al peligro y cuando las salvaguardas son especialmente precisadas. Por ende, tanto en épocas de guerra como de paz, a las fuerzas armadas (o a las agencias relacionadas, tales como la Agencia de Seguridad Nacional) y los órganos de aplicación de la ley se les debe exigir obtener autorizaciones para la vigilancia y brindarle a la gente el debido proceso.

Aún más trágico y peligroso para la Republica que los atolladeros de Irak y Afganistán ha sido la usurpación de poder del presidente Bush propuesta por Yoo en desmedro de las otras dos ramas del gobierno y la creación de una presidencia “hiper-imperial”.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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