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¿Infringe el delito de violación la Cláusula del Comercio de la Constitución de los Estados Unidos?
1/10/2000
Wendy McElroy

El 15 de mayo, la Corte Suprema de los Estados Unidos expidiéndose en la causa “EE.UU. c. Morrison” invalidó una sección clave de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres (VAWA son sus sigla en inglés). Esta provisión de la ley federal le permitía a una victima de violación o de otro hecho de violencia “motivado por el género,” demandar al responsable por daños civiles ante un tribunal federal por violar sus derechos civiles. Por una votación de 5 a 4, esa provisión fue declarada inconstitucional.

El juez de la Corte Suprema William H. Rehnquist redactó la opinión de la mayoría, destacando que una compensación civil para dicho crimen no podía ser justificada ni por la Cláusula del Comercio ni por la Enmienda 14ta. Ambas secciones de la Constitución habían sido empleadas para apoyar a la VAWA durante las prolongadas audiencias parlamentarias que precedieron a la sanción de la Ley. El Fondo para la Defensa Legal y la Educación de la Organización Nacional para las Mujeres (NOW son sus siglas en inglés) había reiterado las dos demandas constitucionales mientras litigaba ante la Corte Suprema en apoyo de la VAWA.

¿Por qué fueron invocadas la Cláusula del Comercio y la Enmienda 14ta para castigar a los violadores a nivel federal, y qué provocó que la Corte Suprema invalidara la provisión sobre perjuicios civiles de la VAWA?

Antecedentes de “EE.UU. c. Morrison

La VAWA era parte de la Ley Ómnibus sobre el Crimen de 1994. La ley establecía tanto un derecho federal a estar “libre de crímenes de violencia motivados por el genero” como también una reparación federal por violar ese derecho: a saber, una nueva demanda por agravios que incluía tanto los daños compensatorios como los punitivos. La demanda federal no fue pensada para reemplazar al castigo previsto en las leyes estaduales, sino para complementarlos.

En 1995, Christy Brzonkala se convirtió en la primera persona en presentar una demanda federal conforme los términos de la VAWA respecto de una violación que supuestamente ocurrió en su dormitorio mientras era una estudiante en el Virginia Polytechnic Institute. Los hombres acusados—dos jugadores de fútbol negros llamados James Crawford y Antonio Morrison—habían sido declarados libres de sospecha tanto por parte de un comité judicial universitario como por un gran jurado criminal. Sin embargo, Brzonkala inició una causa contra ellos ante un tribunal federal.

En 1999, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Cuarto Circuito (Richmond, Virginia.) falló en contra de la demandante, sosteniendo que el Congreso se había excedido en su autoridad constitucional al sancionar la VAWA. Después de que los demandados impugnaran la constitucionalidad de la VAWA, la cuestión eventualmente fue elevada a la Corte Suprema donde NOW litigó a favor de la Ley. En su pronunciamiento, la Corte Suprema señaló que la cuestión bajo su consideración era la de si “¿se excedió en sus facultades el Congreso cuando le otorgó a las victimas de los delitos sexuales el derecho a incoar demandas civiles contra sus atacantes?” En última instancia, la cuestión bajo disputa legal dependía de la constitucionalidad de la VAWA.

Dos argumentos constitucionales fueron usados para apoyar la Ley. Primero: la violencia contra las mujeres interfiere con el comercio entre los estados y, de esa manera, viola la Cláusula del Comercio mediante la cual el Congreso puede regular al mismo a fin de asegurar el libre flujo de los bienes y servicios. Segundo: la Enmienda 14ta protege a los ciudadanos contra la violación de su debido proceso, lo cual ocurrió en el caso de Brzonkala, porque las cortes estaduales eran indiferentes a la violencia contra las mujeres.

La Cláusula del Comercio y la VAWA

La Cláusula del Comercio de la Constitución (Artículo I, Sección 8, Cláusula 3) delega en el Congreso la facultad de “regular el Comercio con las Naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus Indígenas.” La Cláusula le otorgó al Congreso un ámbito de autoridad amplio sobre el comercio, sin delinear claramente las restricciones a esa facultad. Su propósito era el de vencer la tendencia de los estados a interferir con el comercio a través de medidas tales como los aranceles, una práctica que había causado grandes problemas bajo los Artículos de la Confederación, especialmente para los estados más pequeños. El comercio interestatal iba a precisar de una ley uniforme si es que se quería alentar el comercio a nivel nacional. De acuerdo con el Cato Handbook for Congress, “Los redactores de la Constitución le concedieron al Congreso la facultad de reglamentar—o de ‘volver regular’—al comercio entre los estados. La misma fue así pensada primariamente para que fuese una facultad que facilitara el libre comercio.”

Los subsecuentes fallos judiciales, que datan desde los días del New Deal de Franklin Delano Roosvelt, han interpretado de tal manera a la Cláusula que la consideran como si la misma le concediese al Congreso el derecho a reglamentar virtualmente todo lo que afecte al comercio interestatal. Como resultado de ello, observa el Handbook, el Congreso comenzó a emplear la reglamentación del comercio entre los estados “para todos los propósitos sociales y económicos, frustrando en verdad el libre flujo del comercio.”

Por ejemplo, la Ley de Prevención de Incendios Premeditados de las Iglesias de 1996, le otorgó al gobierno federal la facultad de querellar a aquellos que incendiaran iglesias, sobre la base de que el provocar tales incendios impedía el “desplazamiento interestatal de los individuos.” Con tal clase de interpretaciones amplias, el Congreso ha utilizado en reiteradas ocasiones a la Cláusula del Comercio para regular el comportamiento no económico que traspasa las líneas de los estados, tal como la custodia de los hijos.

Los defensores de los derechos de los estados se han opuesto a las expandidas facultades del Congreso bajo la Cláusula del Comercio, debido a que la acrecentada autoridad federal lesiona a menudo áreas que tradicionalmente han estado bajo la jurisdicción de los estados.

Una prueba de fuerza tiene lugar actualmente entre la Corte Suprema y el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1995, la Corte se expidió (5 a 4) en la causa “Estados Unidos c. López” considerando que el Congreso se había excedido en su autoridad al sancionar la Ley de las Zonas Escolares Libres de Armas de 1990, la cual prohibía la posesión de armas de fuego dentro de los 1.000 pies de una escuela. Al defender la Ley ante la Corte, el Departamento de Justicia de Clinton invocó a la Cláusula del Comercio. Las armas y el crimen alteran la educación y esto, a su vez, altera las oportunidades laborales de los estudiantes, lo cual afecta al comercio interestatal.

Nuevamente, el Juez de la Corte Rehnquist trazó la decisión de la mayoría. Señaló: “Bajo las teorías presentadas por el gobierno,...es difícil percibir alguna limitación sobre el poder federal, aún en áreas tales como la aplicación del derecho penal o la educación donde los estados históricamente han sido soberanos. De esta manera si aceptásemos los argumentos del gobierno, nos sería muy difícil permitir cualquier actividad por parte de un individuo a la que el Congreso no esté facultado a reglamentar.” En septiembre de 1996, el Congreso una vez más sancionó la Ley de las Zonas Escolares Libres de Armas.

Dos años antes, el Congreso había empleado la Cláusula del Comercio como justificación para sancionar la VAWA. Los defensores de la misma sostuvieron que la violencia contra las mujeres y el temor a esa violencia reducían la productividad y la movilidad de las mujeres como empleadas. Se sostuvo que las mujeres por lo general pierden sus empleos tras haber sido ultrajadas. El costo de la violencia del genero para la economía nacional fue estimada entre $5 mil millones y $10 mil millones.

En 1999, el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Circuito rechazó esta línea de razonamiento al considerar que extender la Cláusula del Comercio “más allá del contexto de los estatutos que reglamentan las actividades económicas y mantener vigente a un estatuto que reglamenta la actividad no económica meramente porque esa actividad, en el agregado, posee un efecto atenuado, aunque real, sobre la economía, y de ese modo presumiblemente sobre el comercio interestatal, implicaría remover efectivamente todos los límites sobre la autoridad federal, y concederle al Congreso un poder de policía no permitido bajo nuestra Constitución.” La Corte Suprema coincidió con ello.

La Enmienda 14ta y la VAWA

El segundo argumento para la constitucionalidad de la VAWA estaba basado en la Enmienda 14ta por la cual el Congreso puede proteger a los ciudadanos contra las violaciones de sus derechos por parte de los estados.

La Sección 1 de la Enmienda establece, en parte, que “tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negarle a persona alguna que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes.” Durante los debates parlamentarios de 1994 sobre la VAWA, docenas de estudios fueron citados para apoyar el argumento de que las mujeres estaban impedidas de buscar alivio por crímenes tales como la violación, debido a que los sistemas judiciales estaduales no consideraban a las ofensas sexuales tan seriamente como a otros crímenes violentos. Brzonkala afirmó que los tribunales estaduales le negaban su debido proceso dada su indiferencia para con la violencia contra las mujeres. Procuró auxilio de parte del sistema federal.

El Juez de la Corte Rehnquist disintió con esta lógica y encontró, en cambio, que la Enmienda 14ta prohibía solamente la discriminación por parte de un estado y no por parte de un individuo privado. El correcto demandado bajo la Enmienda 14ta debería de haber sido el estado de Virginia y no Morrison, quien fue claramente el objetivo de la causa “EE.UU. c. Morrison.”

Además, sostuvo que seguir la lógica de la VAWA aniquilaría por completo la distinción que la Constitución efectúa entre la autoridad nacional y la local.

La Agenda Feminista

Los observadores políticos pueden quedar anonadados al oír a las feministas políticamente correctas apelar a la Constitución de los Estados Unidos, a la cual por lo general vilipendian como un “difunto documento del hombre blanco” pergeñado por los propietarios de esclavos. La Cláusula del Comercio y la Enmienda 14ta fueron argumentos de conveniencia y parte de una campaña bien orquestada para utilizar a la litigación civil como un arma contra la violencia “motivada en el genero.” La VAWA trató de usar los remedios federales intentando probar que los estaduales resultan no satisfactorios. En su libro Toward a Feminist Theory of the State, Catharine MacKinnon describe lo que ella llama la “Jurisprudencia Feminista.” Escribió: “Los remedios civiles en manos de las mujeres serían enfatizados.” (p.248)

El sistema judicial civil—el cual trata con los perjuicios privados—le proporciona al menos dos ventajas a las feministas políticamente correctas. Primero, le permite a las mujeres castigar los “abusos” que caen fuera de las leyes penales. Segundo, el mismo tiene estándares menos rigurosos que el sistema judicial penal.

Respecto de la primera de las ventajas...los hombres que no son criminales y, de esa forma, no le interesan a la policía, pueden ser castigados mediante el resarcimiento monetario de los daños. Un ejemplo central es el del acoso sexual. Las leyes sobre el acoso sexual están enraizadas en el Título VII, la provisión sobre el empleo justo de la Ley sobre los Derechos Civiles de 1964, la cual proporciona sanciones civiles. Quizás el primer ejemplo de feministas radicales usando el sistema judicial civil, está dado por la Ordenanza contra la Pornografía de Miniápolis de 1983, la cual la hubiese concedido a mujeres individuales, o a grupos de mujeres, el derecho a llevar ante los tribunales civiles por daños a los productores o distribuidores de pornografía. A través de las ordenanzas locales, las feministas radicales intentaron equiparar a la pornografía con la discriminación basada en el sexo, y de esa manera sortear las inquietudes de la Primera Enmienda.

La segunda ventaja de los tribunales civiles es que los mismos son por lejos menos rigurosos que los penales. Este factor es particularmente importante para los delitos, tales como la violación, que son notoriamente difíciles de probar. En un tribunal penal, la supuesta víctima de violación debe sustentar su caso más allá de una “duda razonable,” la cual es comúnmente definida como un 99 por ciento de certeza. El tribunal civil exige solamente que haya una preponderancia de la evidencia, lo que puede significar tan solo un 51 por ciento de certeza. Además, en el tribunal civil, las reglas de la evidencia están más relajadas—las mujeres no se encuentran sujetas a un severo interrogatorio y no hay presunción alguna de inocencia. Así, los causas penales de violación que han sido rechazadas por un tribunal penal bien pueden prosperar en una acción civil.

En el caso de Brzonkala, los acusados ni siquiera alcanzaron el tribunal penal: un Gran Jurado no halló evidencia suficiente para procesarlos. Sin embargo, la VAWA le permitió a la supuesta víctima iniciar una demanda civil contra ellos tanto por ante los tribunales estaduales como por ante los federales. Resumiendo, la VAWA permitió que ella persiguiera una causa penal que era demasiado débil como para ser admitida en un tribunal de ese fuero.

Aborreciblemente, la VAWA no delinea con claridad qué es lo que constituye la “violencia motivada por el genero,” permitiendo que el término abarque posiblemente a cualquier situación de abuso que involucre la hostilidad del genero. Esto es promisorio para las feministas quienes de manera rutinaria consideran que incluso las palabras y las imágenes son una forma de violencia del genero. Tales argumentos llevaron a la Jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor a puntualizar: “Su postura ...justificaría una solución federal para la cuota alimentaria o la manutención de los hijos.” Posiblemente, sea eso precisamente lo que las feministas radicales deseaban y esperaban obtener a través de la VAWA.

Las feministas radicales desean una guerra contra la “violencia del genero” similar a la “Guerra contra las Drogas”—es decir, tolerancia cero respaldada por una fuerza máxima. Para este fin, la VAWA intento crear una clase especial de crimen definido por su ideología. Un dogma fundamental del feminismo radical es el de que la violencia contra las mujeres es parte de una campaña política que los hombres como clase inflingen contra las mujeres como clase. El hecho de que la verdadera violencia contra las mujeres—ej. el homicidio, la agresión física, la violación—haya venido declinando de manera continua y abrupta desde 1990, en modo alguno impacta sobre su apasionado clamor por una aplicación más severa de la ley. Los hechos son por lo general irrelevantes para la ideología.

Al rechazar expandir las facultades del Congreso bajo la Cláusula del Comercio, el fallo de la Corte Suprema inadvertidamente le proporcionó una cachetada inesperada a esta agenda feminista. Fue inesperada porque, en base a meras consideraciones estadísticas, la Corte Suprema tiende por lo general a revertir en lugar de ratificar los pronunciamientos de los tribunales inferiores en las causas que atiende. Además, la Jueza de la Corte O’Connor posee fuertes antecedentes de fallar a favor de los “derechos de las mujeres,” y no obstante votó contra la provisión sobre el perjuicio civil de la VAWA.

No sorprende así que la Presidenta de NOW, Patricia Ireland, se sintiera traicionada. Declaró: “La Corte Suprema ha expresado no tan sólo que el derecho de las mujeres a estar libres de la violencia no se encuentra protegido por la Constitución de los Estados Unidos, sino que la Constitución en verdad le prohíbe al Congreso proporcionar dicha protección. Nunca he visto un argumento más apremiante para una enmienda constitucional que garantice la igualdad de las mujeres.”

NOW proclamó, además: “El fallo de la Corte de Rehnquist en la causa “EE.UU. c. Morrison” implica un retroceso para los derechos de las mujeres y un triunfo para aquellos que procuran desandar 30 años de la ley federal sobre los derechos civiles en base a la apariencia de los derechos de los estados.... Para ellos, el hecho de poder terminar con la violencia contra las mujeres le sede el paso a la preservación de los derechos de los estados para lidiar con la violencia—o no lidiar con ella en absoluto.”

El Impacto de la causa “U.S. v. Morrison”

Con personas influyentes como la gente de NOW y Hillary Clinton solicitando una reconsideración de la VAWA, no es factible que el tema se esfume de la escena política. Pero es un error ver al fallo de la Corte Suprema como una forma de ataque contra las mujeres. En la estela del pronunciamiento de la Corte Suprema, el senador Joseph R. Biden Jr. (Demócrata-Delaware), un defensor de la VAWA, declaró en una conferencia de prensa que “esta decisión es en verdad sobre el poder: ¿quién tiene el poder, la Corte o el Congreso?”

La causa fue una victoria para aquellos que desean limitar el poder del parlamento. Al rechazar la VAWA, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Cuarto Circuito sostuvo: “Dicho estatuto...no puede ser reconciliado con los principios del gobierno federal limitado sobre los cuales esta nación está fundada.” El mismo objetó convertir a los delitos locales en crímenes federales. Como tal, la causa “EE.UU. c. Morrison” constituye una señal de alto en el reciente impulso político hacia una nacionalización de ciertos crímenes seleccionados. “EE.UU. c. Morrison” es un retorno a las consideraciones constitucionales fundamentales y al estado de derecho. William Mellor, Presidente del Institute for Justice, explicó que la decisión se refirió a “si el Congreso opera o no bajo facultades enumeradas y, de esa manera, limitadas; o si posee autoridad para reglamentar básicamente cualquier actividad que le parezca.”

EE.UU. c. Morrison” es también una bandera roja para la importancia que tendrán las próximas elecciones. La votación de 5 a 4 dentro de la Corte Suprema fue típica de muchos de los fallos recientes: es decir, el pronunciamiento tuvo la más estrecha de las mayorías. Los Jueces de la Corte Rehnquist, O’Connor, Scalia, Kennedy y Thomas se pronunciaron en contra de “EE.UU. c. Morrison”, con Thomas expresando una opinión concurrente al afirmar que las facultades del Congreso deberían ser adicionalmente limitadas. Los Jueces Souter, Breyer, Stevens y Ginsburg disintieron. El próximo Presidente de los Estados Unidos podría concebiblemente designar a unos tres nuevos miembros de la Corte Suprema. ¿Serán esas designaciones hechas por Gore o por Bush? Es decir, ¿favorecerán los jueces designados una agenda liberal o conservadora?

La cuestión más ruidosamente debatida entre las que rodean al fallo en la causa “EE.UU. c. Morrison” es la de su impacto sobre la violencia contra las mujeres, a la cual todos le restan importancia. Algunos han sostenido que de todas maneras la solución de los derechos civiles de la VAWA no hubiese beneficiado a las mujeres. En los casos de violación, por ejemplo, el atacante rara vez posee activos o bienes que puedan ser reclamados en un juicio. Posiblemente, las verdaderas beneficiarias de la VAWA hubiesen sido aquellas mujeres que fuesen capaces de llevar a juicio a acusados “pudientes”: por ejemplo, mujeres acomodadas en juicios de divorcio, que utilizan a la VAWA como apalancamiento, o mujeres que tienen reclamos contra entidades tales como las universidades.

A menos que la aplicación de la VAWA fuese masivamente expandida para incluir cuestiones tales como la manutención de los hijos y la cuota alimentaria—una expansión que bien puede haber sido pensada por sus defensores—la mayor victoria de la VAWA puede ser la de convertirse en un símbolo ideológico.

La misma simbolizó e institucionalizó la creencia política de que las mujeres deben ser protegidas de los hombres de una forma especial. Al momento de verse frente a un hecho de violencia y a su resarcimiento, la VAWA dijo que las mujeres no iban a ser tratadas como individuos sino de acuerdo con sus privilegios como miembros de una clase. Curt Levey, un abogado del Center for Individual Rights, el cual le suministró representación legal a Anthony Morrison, comentó, “a pesar de que el pronunciamiento de hoy será visto como un retroceso histórico para los grupos defensores del feminismo, es una victoria para las mujeres estadounidenses, cuya seguridad será mejor preservada fortaleciendo la aplicación local de la ley, en vez de confiar en los burócratas federales.”

El pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso “EE.UU. c. Morrison” no es una cachetada para la igualdad y la seguridad de las mujeres, el cual no es el tema en consideración en el fallo. La decisión es un intento de controlar a las al parecer infinitas y no enumeradas facultades reclamadas por el Congreso bajo la Cláusula del Comercio. Michael E. Rosman, consejero general del Center for Individual Rights, quien litigó en representación de Morrison, señaló correctamente: “la Corte le está ahora exigiendo al Congreso que acate la disciplina constitucional.”

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




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