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La Constitución gana un guardaespaldas
5/8/2003
Brigid O’Neil

¿Alguien más escuchó las noticias de la desafiante posición del Congreso contra la administración la semana pasada? En caso de que usted se las perdiera bajo todo el ruido de las muertes estadounidenses, de los príncipes difuntos, y de los enredos imperiales, he aquí un breve bosquejo. En una sorprendente demostración de apoyo bipartidista, la Cámara de Representantes votó de manera aplastante cortar el financiamiento para dos provisiones fundamentales de la controversial Ley Patriota. El jueves pasado, justo antes del receso estival del Congreso, el Senado deslizó dos leyes similares para debatir al comienzo de su periodo de sesiones en septiembre. Los críticos se han quejado sobremanera de las amplias facultades introducidas bajo la ley, coronando lo que muchos consideran una “anuencia irrestricta” para la guerra contra el terror de la administración. En la actualidad, casi dos años después de la precipitada aprobación de la Ley en octubre de 2001, el Congreso finalmente se encuentra conteniéndose de su capitulación a la presión de la administración Bush tras el 11 de septiembre—comenzando con las dos más notorias provisiones: el “espionaje bibliotecario” y la autorización para “rebuscar y fisgonear.”

Bajo la Ley Patriota, los agentes del FBI no precisan de ninguna “causa probable” antes de requisar los registros de librerías o bibliotecas sobre personas que pudiesen ser relevantes para una investigación sobre terrorismo. Estos “sospechosos” pueden incluir a individuos que no se encuentran bajo sospecha de cometer un crimen o de poseer algún conocimiento de un crimen—dejando a cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos expuestos a la suspicacia. Si usted nunca pensó que los libros pudiesen ser amenazantes, usted desearía cuidarse de ese bibliotecario insospechado—la mayoría de los cuales se encuentran alentados por el Departamento de Justicia para informar sobre un comportamiento sospechoso. Sin embargo, para el caso de que algún bibliotecario o librero vacile en su obediencia a tal comportamiento orwelliano, el Departamento atizó una orden mordaza que les prohíbe a estos oportunistas de la prensa libre alertar a cualquier parroquiano acerca de que una requisa del FBI ha tenido lugar. No sorprende que en la Cámara de Representantes, los demócratas y los republicanos por igual, encolerizados por semejantes violaciones constitucionales, aprobaran la enmienda de la Ley Patriota que elimina tales provisiones de forma aplastante—sin la necesidad de un conteo manual.

La segunda disposición de la Ley que estuvo bajo el escrutinio del Congreso es la denominada autorización de “rebuscar y fisgonear.” No confundirla con la autorización definida por la Cuarta Enmienda, que protege contra los allanamientos y la confiscaciones no razonables. Esta nueva y mejorada autorización de la Ley Patriota permite que los agentes del gobierno allanen los hogares y confisquen la propiedad con un bajo estándar de evidencias, sin una notificación previa al propietario. Esta autorización también traiciona el largamente sostenido requisito de “golpear y anunciarse”—permitiendo que los sujetos de un allanamiento resistan los errores en la autorización, tales como una dirección incorrecta o un nombre equivocado.

Y la misma solamente empeora. A fin de llevar a cabo estas ordenes de “rebuscar y fisgonear”, la CIA y la Agencia de la Seguridad Nacional están facultadas para espiar los archivos y los discos duros hogareños de cada ciudadano alrededor del globo, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses. ¿Sorprende entonces que después de un año y medio de esa irracional práctica legal, la Cámara de Representantes votara con un margen a prueba de veto (308-119) rescindir la restauración de esta provisión fundamental?

Después de desperdiciar muchos meses sombríos de ataques irrestrictos contra nuestras libertades civiles, resulta extrañamente estimulante observar a una rama del gobierno en su defensa resuelta del Bill of Rights. La Cámara de Representantes, al reconsiderar partes de la precipitadamente aprobada y poco aconsejable Ley Patriota, debería ser aplaudida por actuar en el espíritu del verdadero patriotismo. La Constitución necesita de un guardaespaldas, no de un asesino. El Poder Ejecutivo y el Congreso, al promulgar y sancionar la Ley en 2001, se comportaron como el segundo. La Cámara parece ahora estar volviendo en sí y percatándose de los males que la rama ejecutiva ha perpetuado con la nueva autoridad que le fuera otorgada. Esperemos que el Senado siga el juego o vaya incluso más lejos en la rescisión de las provisiones inconstitucionales e intrusivas de una ley de lo más anti patriótica.

Traducido por Gabriel Gasave




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